Tras meses de tensiones internas dentro de la coalición de tres partidos formada por el SPD de Olaf Scholz (centroizquierda), Los Verdes y el FDP liberal, motivadas por las dificultades económicas del país y las distintas propuestas para afrontarlas, la coalición terminó por desmoronarse durante la primera semana de noviembre. El colapso se produjo cuando Scholz destituyó al ministro de Finanzas Christian Lindner, quien además es líder del FDP. Mientras Scholz defendía aumentar los impuestos, reforzar el gasto público y modificar el freno de la deuda establecido en la Constitución alemana, Lindner proponía reducir el gasto del Estado en programas de bienestar social y otras partidas presupuestarias.
En las últimas semanas se ha debatido ampliamente sobre el denominado freno de la deuda de Alemania y sobre si esta limitación sigue teniendo sentido en un contexto en el que la economía alemana continúa teniendo dificultades para recuperarse de la crisis inflacionista que afectó a Europa tras la invasión rusa de Ucrania.
Pero ¿qué es exactamente el freno de la deuda? Este mecanismo fue incorporado a la Constitución alemana en 2009 por Angela Merkel, tras la crisis de deuda soberana, y exige legalmente que los estados federados y el Gobierno federal limiten el endeudamiento neto a un máximo del 0,35% del PIB. Desde su introducción, el Parlamento alemán (Bundestag) ha votado en tres ocasiones la suspensión temporal de esta norma: en 2020, 2021 y 2022, principalmente durante la crisis derivada de la COVID-19 y la posterior crisis energética. La Constitución permite suspender el freno de la deuda en casos de «catástrofes naturales o situaciones excepcionales fuera del control del Gobierno que perjudiquen sustancialmente la capacidad financiera del Estado».
Puede argumentarse que limitar de forma tan estricta la capacidad del Gobierno para asumir nueva deuda puede perjudicar el crecimiento económico del país en los próximos años.
Los índices PMI del sector manufacturero alemán han registrado niveles inferiores a 50 —el umbral que separa la expansión de la contracción— desde junio de 2022, reflejando de forma consistente un sector industrial debilitado. Aunque el sector servicios ha mostrado una mayor resiliencia, con PMI frecuentemente por encima de 50, el PMI Compuesto ha reflejado en la mayoría de los casos un deterioro de la actividad empresarial, fluctuando entre 44,6 y 54,2 desde junio de 2022 hasta octubre de este año.
A pesar de ser la economía con menor crecimiento entre las cuatro mayores economías europeas —Alemania, Francia, España e Italia—, Alemania sigue siendo la más prudente desde el punto de vista fiscal, registrando los déficits presupuestarios más reducidos de los cuatro países. Incluso en un contexto excepcional como el de 2020, el déficit alemán alcanzó el 4,4% del PIB, menos de la mitad del registrado por Francia ese mismo año. Como consecuencia, la deuda pública alemana en relación con el PIB continúa siendo la más baja entre estas cuatro economías y se ha mantenido por debajo del 70%, aunque durante los últimos años ha superado el límite establecido por las reglas fiscales de la Unión Europea, con la excepción de 2023.
Alemania, que durante décadas fue considerada una potencia industrial, ha ido perdiendo dinamismo y parte de la ventaja competitiva que la caracterizaba. Frente a economías con mayores tasas de crecimiento y costes laborales significativamente inferiores, como China, una reforma profunda de las finanzas públicas y de la estructura económica del país parece cada vez más una necesidad que una opción.
La crisis política se produjo apenas un día después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Desde hace varios meses, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 10% sobre todas las importaciones. Estados Unidos es uno de los socios comerciales más importantes de Alemania y representa aproximadamente el 10% de las exportaciones del país. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, estimó que el posible impacto de estas medidas equivaldría aproximadamente al 1% del PIB alemán. Asimismo, señaló que la economía alemana probablemente no registrará crecimiento este año y que el crecimiento previsto para el próximo año será inferior al 1%. En palabras del propio Nagel: «Si los nuevos aranceles llegan realmente a aplicarse, podríamos entrar en territorio negativo».
Los inversores parecen haber asumido unas perspectivas de debilitamiento para la mayor economía de la zona euro y, tras la crisis política, los mercados ajustaron su percepción del riesgo asociado a Alemania. No obstante, los Bunds continúan utilizándose como referencia de activo libre de riesgo (risk-free rate) para la región. Sin embargo, por primera vez desde que existen registros, el diferencial entre el swap EUR a 10 años y el Bund alemán a 10 años entró en terreno negativo el 7 de noviembre, reflejando una mayor percepción de riesgo relativa de Alemania dentro de la zona euro. Desde entonces, dicho diferencial ha continuado ampliándose. Asimismo, la curva de rendimientos de los Bunds se ha pronunciado, reflejando tanto una mayor percepción de riesgo como unas expectativas crecientes de recortes de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.
En definitiva, la economía alemana muestra señales de necesitar una profunda transformación para recuperar dinamismo y competitividad. Sin embargo, la combinación de inestabilidad política —con la votación de confianza al Gobierno prevista para el 16 de diciembre y las elecciones anticipadas fijadas para el 23 de febrero—, las restricciones presupuestarias derivadas del freno constitucional de la deuda y amenazas externas como una posible guerra comercial, podrían dificultar significativamente este proceso de adaptación. El futuro de la mayor economía europea dependerá, en gran medida, de su capacidad para encontrar un equilibrio entre disciplina fiscal, inversión pública y competitividad internacional en un entorno económico y geopolítico cada vez más complejo.
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